La Ley 58/2003, en su artículo 98 recoge las normas que rigen la iniciación de un procedimiento tributario, determinando que éstos podrán iniciarse de oficio o a instancia del obligado tributario, mediante autoliquidación, declaración, comunicación, solicitud o cualquier otro medio previsto en la normativa tributaria.

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Un procedimiento tributario de oficio puede tener una motivación de inspección, sancionadora o de apremio; también puede iniciarse frente a sucesores o frente a responsables. Dentro de los que se regulan en la ley, los más comunes son los siguientes:

  • Procedimiento de verificación de datos. Se inicia cuando la declaración o autoliquidación del obligado presenta errores, por ejemplo, aritméticos o de tipo formal. También puede ser el resultado de discrepancias entre los datos declarados por el obligado y los que la Administración tiene en su poder. Es frecuente recurrir a este procedimiento tributario cuando se requiere la justificación o aclaración de algún dato que no se refiera a actividades económicas o en los casos en que se aprecia que la normativa no ha sido aplicada en la forma debida.
  • Procedimiento de comprobación de valores. Este procedimiento tributario tiene el fin de regular la tasación pericial contradictoria, de acuerdo con los medios previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003. La excepción que evitaría su inicio sería que los valores empleados por el obligado tributario en su declaración hubiesen sido publicados por la propia Administración.
  • Procedimiento de comprobación limitada. En este procedimiento tiene especial importancia dejar constancia de las actuaciones realizadas y los extremos comprobados, por si fuera necesario iniciar otro procedimiento inspector con posterioridad. La Administración podrá comprobar actividades, elementos, hechos, elementos, actos, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria y, por este motivo, constituye un instrumento de control tributario importante. El procedimiento de comprobación limitada se caracteriza por la limitación de las actuaciones que se pueden realizar, que quedan restringidas a las que se especifican en el artículo 136.2 de la Ley.

Cómo actuar ante un procedimiento tributario iniciado de oficio

El artículo 99 de la Ley 58/2003, establece que, ante un procedimiento tributario iniciado de oficio, los obligados podrán actuar de la siguiente forma:

  • Presentando los documentos exigibles por la normativa tributaria y sólo éstos, lo que les da opción a rehusar la presentación de documentación que no sea exigible y que no hayan presentado ya ellos mismos y que, por ello, se encuentren en poder de la Administración.
  • Ratificando datos específicos propios o de terceros, en los casos en que se hayan aportado de forma previa.
  • Solicitando la expedición de certificados de declaraciones, autoliquidaciones y comunicaciones que hayan presentado, puesto que es un derecho que se reconoce a todos los obligados y que, por tanto, pueden ejecutar.
  • Requiriendo copia de la documentación que compone el expediente, siempre que la normativa vigente lo autorice, que sea a su propia costa y que esta acción no vulnere la intimidad de otras personas ni intereses de terceros.

La terminación de un procedimiento tributario se produce por diferentes motivos, entre los que se encuentran los siguientes:

  1. Cumplimiento de la obligación objeto de requerimiento.
  2. Desistimiento.
  3. Caducidad.
  4. Resolución.
  5. Renuncia al derecho en que se fundamente la solicitud.
  6. Imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas.

¿Sabes cómo hacer frente a tus obligaciones con la Administración para evitar un procedimiento tributario de oficio?

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